Durante su primer año del segundo mandato, Donald Trump transformó la relación entre EE.UU. y América Latina, dejando atrás el enfoque tradicional de integración económica para establecer una política de coerción estratégica, donde el comercio, la inversión y la migración se subordinan al alineamiento político con Washington.

Entre los cambios más relevantes, destaca la llamada “Doctrina Donroe”, una reinterpretación activa de la Doctrina Monroe que busca frenar la influencia de China, Rusia e Irán en la región. En este marco, EE.UU. ha priorizado las relaciones bilaterales con países alineados como Argentina y El Salvador, mientras que ha endurecido su postura frente a gobiernos de izquierda, como Colombia y Venezuela, esta última incluso enfrentando acciones militares.

La política exterior de Trump también ha reconfigurado los flujos de capital en la región. Las decisiones políticas de EE.UU. ahora influyen directamente en tasas de interés, tipo de cambio y riesgo país, afectando el clima de inversión. En este nuevo esquema, países como Chile han sido considerados socios estratégicos, sobre todo tras la victoria de José Antonio Kast, mientras que otros han visto limitada su relación económica con EE.UU.

A su vez, Trump ha impulsado una mayor fragmentación regional, elevando los costos de operar para empresas en sectores sensibles, y ha politizado la inversión, obligando a varios países latinoamericanos a diversificar sus fuentes de financiamiento hacia China, Medio Oriente y Europa, más por necesidad que por afinidad ideológica.

En el plano migratorio, EE.UU. ha convertido este tema en un instrumento económico y geopolítico, externalizando costos a países de origen y tránsito, lo que ha generado mayores presiones fiscales, laborales y de seguridad.

Finalmente, el giro de Trump ha llevado a una relación funcional, asimétrica y transaccional, donde la previsibilidad ha sido reemplazada por una lógica de riesgo político constante, impactando tanto el comercio como la estabilidad macroeconómica regional.

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