El Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, retiró cinco decretos desde la Contraloría, dos de los cuales habían sido el resultado de casi tres años de negociaciones para corregir una distorsión en el mercado eléctrico. El mecanismo en cuestión —el precio estabilizado de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD)— estaba diseñado para beneficiar a pequeños generadores, pero fue capturado por fondos de inversión internacionales. A partir de 2027, el costo de esta distorsión comenzará a reflejarse en las cuentas de luz de los clientes residenciales.

El Mostrador reportó que detrás de muchas de estas centrales operan fondos globales como BlackRock, Brookfield, JP Morgan, Macquarie, Antin y TPG, que reciben US$80 por MWh a todo evento, muy por encima del precio de mercado. Un estudio encargado por el Consejo Minero y la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) estimó el costo total de este subsidio en US$4.650 millones acumulados al año 2034. Hoy ese costo recae sobre la minería y la industria; desde el próximo año se trasladará también a los hogares chilenos.

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