La polémica por el cable submarino entre Chile y China —que derivó en sanciones de Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno de Boric— abrió un debate sobre la necesidad de que el país cuente con una institucionalidad capaz de revisar inversiones extranjeras en sectores sensibles.

Analistas y académicos coinciden en que Chile carece de un mecanismo formal de «investment screening» que delimite, con criterios técnicos y objetivos, qué áreas estratégicas —como telecomunicaciones, puertos, energía y datos— no pueden quedar bajo control de intereses foráneos. La propuesta apunta a crear un comité de inversiones estratégicas, independiente del gobierno de turno, que emita informes vinculantes y opere con plazos definidos, tal como existe en países europeos y en Estados Unidos.

Los expertos advierten, sin embargo, que si se diseña mal puede convertirse en una nueva capa de burocracia que frene inversión legítima.

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