La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó un informe elaborado junto a 30 gremios y 70 expertos con 45 propuestas para fortalecer la capacidad del Estado frente al avance de las economías ilícitas en Chile. El estudio estima que estas actividades movilizan más de US$5.700 millones al año en el país y provocan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales, a lo que se suman cerca de US$2.700 millones que el sector privado destina a prevenir y disuadir delitos.

Emol reportó que las medidas se organizan en ejes de fiscalización, coordinación institucional y regulación. Entre las líneas de acción transversales destacan la creación de una Política Nacional Contra las Economías Ilícitas, una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de inteligencia, el fortalecimiento de la trazabilidad de los flujos financieros mediante analítica avanzada e inteligencia artificial, campañas educativas junto al Sernac y un sistema integrado de denuncia segura.

El documento también incluye propuestas de control fronterizo y aduanero, como centros de control interinstitucional, escáneres fijos y mayor seguridad en recintos portuarios, además de medidas de persecución penal y patrimonial, entre ellas tipificar como delitos graves los actos de criminalidad organizada en puertos y perseguir activamente el delito de receptación. «Lo que antes se observaba como hechos aislados, actualmente configura un ecosistema económico paralelo operado por organizaciones criminales», sostiene el informe, que advierte que el impacto de estas actividades es económico, institucional y social.

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