El uso de la Unidad de Fomento (UF) vuelve a estar en el centro del debate legislativo, luego de que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley que busca limitar su uso en contratos de arriendo, salud, educación y otros servicios.
La iniciativa, impulsada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), no propone eliminar la UF, sino regular lo que consideran un uso abusivo en sectores donde los consumidores no tienen capacidad de negociación. La diputada Cicardini afirmó que se busca “abrir un debate responsable” y no eliminar la UF.
El proyecto ha generado fuertes críticas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió que su aprobación sería «un terremoto para el crédito hipotecario«, mientras que el gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, aseguró que afectaría directamente el acceso a la vivienda. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría calificó la propuesta como “una lápida” para el financiamiento inmobiliario.
La UF fue creada en 1967, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, como una unidad de cuenta para proteger ahorros y préstamos frente a la inflación. En 1990, el Banco Central asumió la responsabilidad de fijar su valor diario. Su uso se extendió con los años más allá del sistema financiero, incluyendo contratos de servicios y educación.
Expertos coinciden en su relevancia económica. Emilio Venegas, de BDO Chile, señaló que la UF “impulsó el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, fomentó el ahorro y la inversión, y expandió el mercado hipotecario”. El Banco Central, en tanto, advirtió que limitar su uso incentivaría a los oferentes a subir precios para protegerse de la inflación.
Desde fines de 2019 a julio de 2025, la UF ha subido de $28.309 a $39.250, un alza acumulada de 38,64%, impulsada principalmente por la inflación de 2022.
El analista Felipe Cáceres, de Capitaria, señaló que el cobro en UF puede considerarse abusivo cuando se aplica sin transparencia ni capacidad de negociación, como en arriendos o colegiaturas. Sin embargo, advirtió que una eliminación abrupta del sistema podría elevar las tasas de interés y restringir el acceso al crédito.
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