Estados Unidos analiza una propuesta para aplicar un impuesto del 5% a las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen en América Latina. La medida, impulsada por el Partido Republicano, ha generado críticas en la región.
La presidenta de México expresó su rechazo señalando que “no se puede gravar dos veces a quienes ya pagan impuestos”. En 2024, las remesas desde EE.UU. hacia América Latina y el Caribe alcanzaron los 160.900 millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo. México (64.700 millones) y Guatemala (21.500 millones) fueron los principales receptores.
En países como Nicaragua, Honduras y El Salvador, las remesas representaron entre 24% y 27% del PIB, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Estas transferencias permiten cubrir gastos en educación, salud, vivienda y también ayudan a reducir la pobreza.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis evalúa exigir que quienes envíen dinero acrediten trabajar legalmente, como parte de un plan para combatir la migración irregular. La propuesta también busca restringir el acceso de inmigrantes a programas como Obamacare y Medicare.
El impuesto afectaría a inmigrantes sin ciudadanía, incluyendo tanto a indocumentados como residentes legales. Su entrada en vigencia se plantea para 2026. Según expertos del CEMLA, esto podría reducir significativamente el volumen de remesas y aumentar el uso de canales informales o criptomonedas.
