Este lunes, en el marco de la cumbre «Democracia Siempre» realizada en Santiago, el presidente Gabriel Boric lideró por primera vez una reunión multilateral con jefes de Estado, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España).
Durante la cita, que se extendió por dos horas en el Palacio de La Moneda, los mandatarios discutieron en torno a tres ejes: defensa de la democracia y el multilateralismo, desinformación y tecnologías digitales, y extremismos y desigualdad.
Pasadas las 14:00 horas, se difundió la declaración conjunta, la cual incluye seis definiciones y siete iniciativas, entre ellas:
- Impulsar una reforma de la gobernanza internacional, especialmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Fortalecer una diplomacia democrática activa.
- Llamar a un alto el fuego en Gaza y exigir el acceso humanitario sin restricciones, coordinado por la ONU.
- Crear una red global de centros de pensamiento, un observatorio multilateral de juventudes frente al extremismo, y fomentar la transparencia algorítmica en el entorno digital.
Sin embargo, el documento no incluyó referencias a la corrupción, tema que sí fue mencionado en el discurso de apertura del presidente Boric. Esta omisión generó críticas desde sectores de la oposición.
El senador Iván Moreira (UDI) señaló que se trató de una declaración «de buenas intenciones», pero que “no se hace cargo de problemas urgentes como la corrupción, la inmigración ilegal, el terrorismo o el crecimiento económico”. En tanto, la diputada Catalina del Real (Republicanos) lamentó que no se mencionaran los regímenes de Nicaragua, Venezuela o Cuba, ni la invasión de Rusia a Ucrania, cuestionando la “mirada ideologizada” de la cumbre.
El diputado Stephan Schubert (Republicanos) también criticó que se hablara de democracia sin referirse a “la realidad de Venezuela” ni a “la trayectoria cuestionada” de algunos de los firmantes.
Cabe recordar que varios de los mandatarios presentes enfrentan investigaciones en sus países. En España, la pareja del presidente Sánchez es investigada por supuesta corrupción. En Colombia, el gobierno de Petro lidia con acusaciones por el mal uso de fondos públicos y vínculos con redes de contrabando.
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