Hace cinco años, después de que estallaran protestas masivas por un aumento en las tarifas del transporte en la capital de Chile, el presidente Sebastián Piñera tomó una decisión poco notada que esperaba evitaría más disturbios sociales: congelar un aumento planificado en las tarifas de electricidad.
Pero a medida que pasó el tiempo y Chile atravesó una elección presidencial en 2021 y dos intentos fallidos de redactar una nueva constitución, esta decisión de corto plazo y de carácter político (algo inusual para los métodos generalmente tecnocráticos de Chile para decidir sobre los ajustes de las tarifas eléctricas) se convirtió en una política costosa y continua. Los sucesivos gobiernos prolongaron la demora en las alzas de tarifas, creando una deuda que ha alcanzado niveles insostenibles, superando los 6.000 millones de dólares (el 2% del PIB de Chile).
Ahora, con la aprobación de una ley que desbloquea el alza de los precios de la electricidad, la carga está recayendo sobre los hombros de los chilenos comunes, a través de facturas de electricidad más altas , menor productividad y competitividad de las empresas y otros efectos dominó.
Se trata de una dura advertencia sobre el alto precio que tienen las políticas económicas con motivaciones políticas, y que conlleva lecciones para el resto de América Latina. Los líderes políticos de dos gobiernos evitaron abordar las inminentes consecuencias financieras de estas congelaciones. En regiones como América Latina, donde se emplean subsidios y controles de precios para mantener el apoyo público, los desajustes económicos como estos suelen quedar sin resolver hasta que se convierten en crisis. La saga de las tarifas eléctricas de Chile sirve como advertencia a los responsables de las políticas de toda la región para que equilibren las ganancias políticas de corto plazo con los riesgos de acumular desequilibrios económicos ocultos.
La creación de una debacle
La saga de las tarifas eléctricas comenzó en octubre de 2019, cuando un aumento de 30 pesos en las tarifas del transporte público desencadenó un malestar público generalizado en el país. En ese momento se había planeado un aumento del 9,2% en las tarifas eléctricas, pero para evitar exacerbar aún más las tensiones sociales, el gobierno del presidente Sebastián Piñera congeló los costos de la electricidad para los consumidores.
El gobierno de Piñera implementó el congelamiento de las alzas de tarifas a través de la Ley de Estabilización de Precios de la Energía , posponiendo el ajuste de las tarifas eléctricas hasta 2020. Esta ley estableció un techo de deuda de los consumidores con las compañías generadoras de energía de US$1.350 millones, a ser pagado entre 2025 y 2027. El gobierno chileno básicamente limitó los precios de la electricidad para los consumidores, prometiendo reembolsar a las compañías generadoras de energía la diferencia. Pero ningún desembolso gubernamental inmediato cubrió esta brecha; en cambio, se trató como una deuda diferida que se pagaría mediante futuras alzas de tarifas para los consumidores.
Lo que comenzó como una medida pragmática y de corto plazo se convirtió en una política permanente, que coincidió con procesos políticos clave como las elecciones presidenciales de 2021 y dos intentos fallidos de redactar una nueva constitución. Las razones políticas pesaron más que las consideraciones técnicas y económicas.
El congelamiento se extendió en 2022 bajo la administración del presidente Gabriel Boric, quien asumió el cargo en marzo de 2022, a través de una nueva ley que agregó $1.8 mil millones al techo de la deuda y extendió el período de pago a los generadores de electricidad hasta 2032. Esta decisión se produjo en un momento en que el país se preparaba para un referéndum clave sobre una nueva constitución, y estuvo alineada con las promesas de campaña del presidente de equidad social y redistribución, con el objetivo de proteger a los hogares de menores ingresos de un aumento repentino de las tarifas.
Finalmente, el 30 de abril de 2024, el gobierno aprobó una ley para descongelar las tarifas , que estableció el marco para que los consumidores paguen su deuda no solicitada a los productores de energía en cuotas a través de sus facturas de electricidad. Entre junio de 2024 y enero de 2025, las tarifas podrían aumentar hasta un 60% , y los aumentos podrían mantenerse durante una década.
Ahora, la factura ha llegado. Las subidas de precios añadirán un 1,5% a la inflación en el primer año y tendrán consecuencias inmediatas para la productividad empresarial, perturbarán el comercio y reducirán la calidad de vida de los ciudadanos. El pago a las compañías eléctricas procederá de los consumidores mediante aumentos de tarifas que se extenderán durante más de una década a partir de 2024. La carga financiera de la deuda acumulada se transfiere efectivamente a los consumidores en lugar de ser absorbida por el presupuesto del gobierno.
Chile ha intentado aliviar la carga que supone para los consumidores el aumento de las tarifas mediante subsidios a la electricidad. Inicialmente, se beneficiaron 1,6 millones de hogares , y ahora hay un esfuerzo por ampliar el subsidio a 4,7 millones de hogares, alcanzando al 40% del segmento de la población más vulnerable. Sin embargo, estos subsidios no se financiarán eliminando el gasto público ineficiente, sino trasladando aún más la carga a otros sectores específicos, como los grandes consumidores de energía y los pequeños generadores de energía distribuida . La incertidumbre creada por las políticas de endeudamiento y congelamiento de Chile, junto con un plan de subsidios previsto que cubra al 40% de la población, ha suscitado inquietudes entre los inversores sobre la previsibilidad y la estabilidad del sector energético del país. Este enfoque cada vez más volátil y politizado del pago de la deuda energética puede disuadir de futuras inversiones.
Una lección tangible sobre lo que no se debe hacer en materia de política eléctrica
Este caso es un ejemplo claro y tangible de los costos que las políticas públicas inadecuadas imponen a los ciudadanos. Después de años de inacción, el impacto se ha vuelto claramente visible: lo vemos reflejado en las facturas de electricidad que pagaremos durante la próxima década. Mes a mes, los consumidores recordarán la inestabilidad política y la violencia que sacudieron al país en octubre de 2019, así como las decisiones de financiamiento y demoras que le siguieron.
En la región hay ejemplos comunes de decisiones políticas similares . La experiencia de Argentina con los precios subsidiados de la energía es especialmente ilustrativa. A principios de la década de 2020, el gobierno mantuvo los precios del gas natural y la electricidad artificialmente bajos, lo que generó importantes tensiones presupuestarias a medida que los subsidios se disparaban para sostener esos niveles. Si bien esta estrategia alivió temporalmente la inflación, en última instancia requirió costosas intervenciones fiscales y fuertes ajustes tarifarios, que alimentaron el descontento público.
Aunque al principio pueden pasar desapercibidas, las consecuencias de políticas poco acertadas se propagan silenciosamente por toda la sociedad, afectando profundamente a las instituciones y los servicios públicos, a la vez que socavan el potencial de desarrollo del país. La mala gestión de los recursos y las decisiones apresuradas o motivadas políticamente, aunque al principio suelen pasarse por alto, erosionan gradualmente la confianza en el sistema y paralizan tanto el progreso nacional como el bienestar de los ciudadanos.
Es hora de que termine el silencio que rodea a las políticas públicas poco acertadas y de que los ciudadanos exijan decisiones más responsables y sostenibles. Si no actuamos, las consecuencias de estos errores seguirán afectando la vida cotidiana de los ciudadanos, como hemos visto en el aumento de las facturas de la electricidad en Chile. Esta experiencia chilena debería servir como una llamada de atención para toda la región, destacando de manera tangible el inmenso costo de la inacción y la miopía política en la gestión de los servicios públicos esenciales.
Fuente: https://www.americasquarterly.org/article/chiles-electricity-rate-debacle-has-lessons-for-latin-america/
